
Los jueces ordenaron el pasado año el ingreso de 174 adolescentes por la comisión de delitos o faltas.
I. BASCOY / SANTIAGO Tres de cada diez menores ingresados en centros de internamiento tras haber sido condenados judicialmente por haber cometido algún delito o falta se escapan de estas instituciones tuteladas por la Xunta. Así consta en un informe de la Secretaría Xeral do Benestar de la Vicepresidencia del Gobierno gallego, que hace balance de lo realizado en 2007 por este departamento, que tiene la responsabilidad de ejecutar las medidas judiciales dictadas para los jóvenes conflictivos cuando éstos no superan la mayoría de edad.
El documento deja constancia que de que el pasado año los jueces decretaron medidas de internamiento para 174 menores infractores (el 93% varones) y de ellos cincuenta y siete, el 33% del total, se fugaron o no regresaron al centro tras la concesión de un permiso. En concreto, treinta y nueve no volvieron y dieciocho emprendieron la fuga.
Las escapadas son más frecuentes en los centros donde el régimen es de internamiento abierto o semiabierto, según consta en el documento de la Vicepresidencia de la Xunta, que también señala que las fugas y los no regresos -como sí se denomina técnicamente- van en descenso, pues en 2005 fueron 86 frente a los 60 de 2006 y los 57 de 2007.
El juez puede ordenar el internamiento en régimen cerrado, abierto o semiabierto del menor. La duración media del encierro suele ser inferior a un año, y en el caso de las permanencias de fin de semana no suele superar los seis fines.
Gestión mixta
La Vicepresidencia del Gobierno autonómico dispone de cinco centros de reeducación, con 109 plazas, para acoger a los jóvenes conflictivos, siendo la gestión privada en tres de los centros y pública en los otros dos. El departamento de Anxo Quintana reserva 8,3 millones de euros anuales para sufragar el mantenimiento de estas instalaciones. La Secretaría Xeral do Benestar calcula que el coste diario de cada plaza es de 186,5 euros.
Al Valedor do Pobo estos cinco centros no le parecen suficientes. En un informe extraordinario presentado recientemente, recomendaba más instalaciones, especialmente en A Coruña y Lugo, y pedía más colaboración entre la Vicepresidencia de la Xunta y la Consellería de Presidencia. Además aconsejaba un aumento de las soluciones extrajudiciales y una mejor preparación de los abogados defensores, ya que salvo excepciones los letrados prestan una asistencia "deficiente y no efectiva, conculcando su derecho a la defensa de los menores".
Aunque las medidas de internamiento alcanzaron a 174 menores, los que cometieron algún tipo de delito o falta el pasado año ascendieron a 736, de los que 631 fueron varones y el resto, 105, mujeres.
Por provincias, el mayor número de actos delictivos protagonizados por adolescentes correspondió a A Coruña, con 332 casos, seguida de Pontevedra con una cifra levemente menor, 302, y ya mucha distancia se encuentran Lugo, con 58 casos, y Ourense, con 57, debido a que en ambas provincias la población adolescente es mucho menor. Leer más...








